En el acto inaugural estuvieron presentes la Congresista Leslye Lazo, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos humanos, la primera adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán; el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en el Perú Denny Offutt; y la presidenta de CHS Alternativo, Andrea Querol.

Durante su participación Andrea Querol manifestó su agradecimiento y reconocimiento por su transparencia, a los 8 ministerios, 4 órganos constitucionalmente autónomos, 24 gobiernos regionales, 95 municipalidades provinciales, así como 35 municipalidades distritales de Lima, brindaron la información que ha permitido analizar los aspectos que se presentan en este Informe Alternativo.

Por su parte, Denny Offutt, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, reafirmó el compromiso de este país en continuar luchando contra la trata de personas, a través de programas de prevención y acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables; asimismo resaltó que este informe es una herramienta que contribuirá con esta labor.

La adjunta de la Defensoría del Pueblo, Eugenia Fernán, sostuvo que es indispensable tomar en cuenta la gravedad del problema de la trata de personas; y que es obligación de los operadores de justicia optimizar su actuación en la atención de estos casos.

La Congresista de la República Leslye Lazo resaltó que el Informe Alternativo se constituye en la hoja de ruta del Grupo de Trabajo Congresal contra la Trata de Personas que instalarían en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso. Asimismo, asumió tres compromisos puntuales: fomentar la presencia del Premier en el Pleno del Congreso, conforme a ley; impulsar el cumplimiento de le ley que crea un programa presupuestal en la materia; y, el debate y aprobación de dos proyectos de ley para fortalecer la persecución de la explotación humana.

En la presentación del VII Informe Alternativo, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, resaltó que este es un informe alternativo al que anualmente deben presentar el presidente del Consejo de Ministros y el ministro del Interior ante el Congreso de la República, por mandato de la Ley 29918, publicada el 23 de setiembre del 2012, que se constituye un insumo fundamental para la labor fiscalizadora del Congreso de la República, por cuanto brinda información objetiva y fiable sobre la pertinencia de la acciones adoptadas por los distintos sectores y recomienda cuáles son las mejoras o correctivos que deberían ser sus priorizados en el corto plazo.

Asimismo, advirtió que el Estado destinó solo S/ 0,23 por persona para luchar contra la trata en 2019, por ello la necesidad de convertir las acciones contra la trata de personas en un programa presupuestal.

También señaló que aún no se concreta la unificación del sistema de registro de víctimas de trata de personas de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el sistema del Ministerio Público, lo que genera data de las víctimas de trata distintas entre ambas instituciones.

Comentaron el Informe y sus hallazgos el Congresista de la República Gino Costa y el Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo.

El Congresista Costa resaltó la importancia de contar con el VII Informe Alternativo ya que contribuye con su información a la mejora de las políticas públicas, pues exhorta a las instituciones a realizar sus propias evaluaciones; con respecto al presupuesto, y ofreció sus buenos oficios para coordinar con la ministra de Economía y el ministro del Interior para contar en el corto plazo con el programa presupuestal multisectorial. Por otro lado, resaltó que desde el Congreso se están conformando interesantes alianzas para la lucha contra este delito, se han presentado dos iniciativas legislativas y se presentarán tres más sobre esta materia, apoyadas por cinco bancadas diferentes.

Finalmente, Percy Castillo indicó que es preocupante que el Ministerio de Educación no tenga como una de sus prioridades realizar acciones de prevención de la trata de personas, ya que son las niñas y adolescentes las principales víctimas de este delito.

El VII Informe Alternativo fue elaborado por la ONG CHS Alternativo con la contribución de 56 instituciones de la sociedad civil organizaciones, redes y veedurías regionales de Arequipa, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno y de aquellas que conforman el Capítulo Peruano del Observatorio Latinoamericano de la Trata de Personas.

Datos importantes:

• Estado reporta que en el 2019 invirtió S/0,23 por persona para protegerla de la trata de personas. De presupuesto, ejecutó S/ 0,14 por persona.
• Según información oficial, el 4,8% de las personas investigadas por el delito de trata de personas recibieron condena efectiva.
• El MIMP implementó, el 2018 y 2019, 7 centros de acogida residencial especializados para la atención de víctimas de trata de personas